Se requeriría decencia política, convicciones y sentido común en la mayoría de asambleístas de AP y la oposición para rechazar el veto a la Ley de Educación Superior.
Así, esa ley nacerá sin legitimidad: nunca hubo debate sino imposición arrogante de Correa a través de Senplades, y falsedad de quienes en la Asamblea hicieron creer que había apertura para el diálogo y el acuerdo.
Viola la Constitución. Implica un ataque frontal a la autonomía universitaria.
Será una ley sin sustento real, inaplicable. Correa no acompaña a su veto ninguna explicación sobre cómo el Estado financiará miles de doctorados ni el incremento de tiempos completos en las instituciones públicas. Son algunos centenares de millones de dólares desde el próximo año. ¿De dónde las instituciones privadas sacarán esos recursos si no es aumentando las colegiaturas y aranceles a los estudiantes?
Será una ley sin futuro. No podrá cumplirse. ¿Por qué, entonces, tanto afán de Correa y sus obsecuentes por imponerla? Es en el terreno de la ética política donde debe examinarse lo que persiguen.
Ante todo, la demostración del poder omnímodo: como en épocas de otros dueños del país, el candidato a Yo, el Supremo es quien dictamina qué se quiere que diga la norma constitucional, qué es lo real y qué conviene a la sociedad. Los que disienten deben ser aplastados. Se cumple el plan y punto.
Los adláteres del candidato a Supremo no son deliberantes, sino obedientes. Si no, se los purga. ¿Para qué Asamblea que ni legisla ni fiscaliza, que tiembla ante la muerte cruzada?
Para que se cumpla tal ley suponen que se requiere un aparato de control y vigilancia de la “autonomía responsable”, una policía académica llamada Secretaría Nacional’ Para jefes e “inspectores”, sobrarán por supuesto ministros reciclables y ex funcionarios universitarios en decadencia.
Los rectores acudirán a viejas tretas y mañas: es pragmático aceptar una ley que no se puede cumplir. El Estado o las familias ya les proveerán de dinero para los apuros. Los jóvenes estudiantes correístas bajarán la cabeza: son mayores de edad desde los 18 para votar una Constitución que no leyeron y desde los 16 para votar por el candidato a Supremo, pero no lo suficientemente maduros como para votar por rector de su universidad, por eso aceptan sin más que se disminuya la proporción estudiantil en el cogobierno.
¿Falta votos? Cómprenlos a asambleístas tránsfugas a cambio de regalar universidades y que corra Paredes a votar.
¿Acaso Ramírez rendirá cuentas públicamente del dinero botado en su farsa de debate? Así se revela la ética política que trata de imponer la revolución ciudadana: cinismo, sumisión y resentimiento social.
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